Una juez paraliza las obras de demolición del Colegio Alemán

La titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 26 de Madrid, Marta Iturrioz Muñoz, ha dictado un auto por el que paraliza las obras de demolición del Colegio Alemán, situado en el número 32 de la avenida de Concha Espina (Chamartín). La magistrada considera que, de continuar con el derribo y ver que resulta contrario a derecho, podría suponer “una inversión multimillonaria” para el Ayuntamiento.

La juez acepta la medida cautelarísima del recurso presentado por la Asociación Española para la Defensa del Desarrollo Ecológico Sostenible (Addes) contra la resolución del pasado 10 de junio de la Gerente de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid. El centro, inaugurado hace 58 años, fue diseñado por los arquitectos Alois Giefer y Hermann Mäckler, bajo la dirección de Willi Schoebel Ungría. Sus actuales propietarios, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, pretenden ampliar el cercano hospital de San Rafael con un edificio de uso docente con oficinas y aparcamiento. Los trabajos de demolición ya comenzaron y parte de las edificaciones ya han sido desmontadas.

La magistrada afirma en su auto que el edificio tiene “un marcado sentido histórico”, pese a no estar recogido en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. “Ello no le resta importancia, como pieza importante de la arquitectura contemporánea de la ciudad de Madrid, habiendo sido solicitada su inclusión en dicho catálogo, por ejemplo, por la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio”, afirma el escrito judicial, contra el que no cabe recurso.

La juez mantiene que, si no se paralizara la demolición, el daño sería muy grave: “Aunque se volviera a construir el edificio, ya no se trataría del original proyectado en 1957, con lo cual el perjuicio irreparable ya habría sido causado, de no quedar suspendida la demolición en este mismo momento, demolición desgraciadamente ya comenzada”, recoge el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El escrito reconoce que la paralización del derribo supone retrasar la implantación de nuevos usos que le quiere dar el propietario del terreno, en caso de ser rechazada la solicitud de Addes. “Pero entiende esta juzgadora que la ejecución de la demolición sería mucho más perjudicial en caso de ser estimado el recurso que la dilación en la implantación de dicha actividad, en caso de ser desestimado el recurso”, sostiene la juez, que no ha impuesto ninguna fianza ni caución a la parte recurrente al tratarse de “una asociación para la defensa del desarrollo ecológico sostenible en el desarrollo de una acción pública”.